
En menos de una semana, The Wall Street Journal y Financial Times apuntaron directamente contra Karina Milei y advirtieron que su permanencia pone en riesgo el plan económico.
La demanda colectiva en Nueva York por el colapso del token $LIBRA ya señala al presidente Javier Milei como actor clave de una maniobra engañosa. La causa avanza y, si hay acusación formal, el escenario se vuelve delicado: hasta 45 años de prisión en EE.UU. y un frente interno que podría terminar en destitución.
Actualidad30/07/2025Caso $LIBRA
Si Javier Milei creía que su tuit sobre $LIBRA el 14 de febrero era una genialidad de marketing cripto libertario, hoy debe estar repensando la estrategia. Porque esa publicación, que los abogados demandantes en Nueva York califican como "altamente engañosa" y "estratégicamente planificada para otorgar legitimidad falsa", ya fue incorporada formalmente a la class action que pide que se congele de manera definitiva el dinero asociado al fraude.
Según la presentación judicial de los letrados Max Burwick y Margaret Hoppin, el tuit del presidente argentino generó un efecto dominó de confianza que arrastró a miles de inversores a un pozo sin salida: una criptomoneda fraudulenta, promovida por Hayden Davis y su entorno, que habría captado más de 280 millones de dólares antes de desplomarse.
Una promesa libertaria que abre puertas judiciales
El argumento central de los demandantes es que la imagen institucional de Milei fue utilizada como "caballo de Troya" para blanquear un esquema de estafa global. Y aunque por ahora no se lo acusa de integrar la trama financiera ni de haber recibido dinero, la causa da un salto cualitativo. Se pasa del escándalo mediático al riesgo penal: fraude electrónico, conspiración para lavado de activos y operación de transmisiones financieras sin licencia. Todos cargos federales graves en EE.UU.
El proceso está en manos de la jueza Jennifer Rochon. Y hay presión desde varios frentes: por un lado, la defensa de Davis busca trasladar el expediente a Texas, lejos del foco mediático de Nueva York. Por otro, los demandantes insisten en que la causa debe quedarse donde está, porque uno de los acusados reside en Manhattan y porque el efecto económico del fraude se dio allí.
Mientras tanto, el riesgo de fuga de los activos digitales crece: los tokens se mueven con un click, y Davis ya amagó con girarlos a la Argentina para alimentar su proyecto "Viva la Libertad". Más que una movida patriótica, los abogados la ven como una amenaza directa para frustrar la acción de la justicia.
Pero no se trata solo de cifras o jurisdicciones. Se trata de un jefe de Estado implicado en una causa que investiga un fraude financiero internacional. Y eso, en términos de realpolitik, cambia todo. Porque Milei puede gozar del apoyo de Elon Musk en redes o de guiños coyunturales del Departamento de Estado, pero si la SEC o el Departamento de Justicia lo pone en la mira, el amor se acaba. Así de frío, así de geopolítico.
La Argentina podría enfrentar una situación inédita: un presidente acusado penalmente en una causa federal extranjera. El Congreso debería debatir si esa condición afecta su idoneidad para ejercer el cargo. Y no es menor: no hay inmunidad diplomática ante un delito común, y la presión internacional podría arrinconarlo.
Mientras tanto, Milei guarda silencio. O mejor dicho, sigue hablando, pero no del tema. Prefiere tuitear sobre la casta, la libertad o lo mal que canta Lali. Pero el tuit que lo compromete está en X, a la vista de todos. Y es posible que ese click, que tanto le gusta usar como ícono de revolución digital, termine siendo el disparador de su talón de Aquiles judicial.
La escena no está escrita. Pero si el 19 de agosto la jueza mantiene el congelamiento y la causa escala, Milei podría pasar de libertario disruptivo a presidente vulnerable. No por ideología, sino por una combinación letal: soberbia digital, negocios sin fronteras y la justicia del Norte, que cuando se mueve, lo hace como topadora. No hay trolls que puedan tapar eso.
Si Milei fuera acusado y hallado culpable
En el remoto pero posible escenario donde Javier Milei fuera formalmente acusado y luego condenado por los cargos que se discuten en la Justicia de Nueva York, estaría ante una situación sin precedentes institucionales. Los delitos por fraude electrónico, lavado de activos y operación financiera ilegal prevén penas que, acumuladas, superan los 40 años de prisión federal. Aunque raramente se aplican en su máximo, las condenas efectivas por delitos financieros sí son comunes en EE.UU., incluso para millonarios y figuras políticas.
Si la acusación prospera, el Congreso argentino debería activar el artículo 53 de la Constitución, que habilita el juicio político por "mal desempeño o delito en el ejercicio de sus funciones".
Aunque el hecho haya ocurrido fuera del país, la gravedad institucional de tener a un presidente bajo proceso penal en el exterior podría justificar su remoción por inhabilidad moral.
En cuanto a la extradición, sería muy improbable que se conceda durante su mandato. Pero si fuera condenado luego de dejar el poder, el pedido podría reactivarse.
Estados Unidos tiene antecedentes de ir hasta el hueso cuando se trata de fraudes financieros. Y si Milei dejara de ser funcional a sus intereses, ningún guiño ideológico lo salvaría. El problema ya no sería político, sino penal. Y ahí, los clics no borran antecedentes.
Estados Unidos no necesita bases militares en cada rincón del planeta para ejercer su dominio. Le basta con una red judicial extraterritorial y una arquitectura financiera global que convierte cualquier transacción en potencial evidencia.
Cuando un mandatario periférico como Javier Milei entra al radar, no es por ideología sino por funcionalidad: en la lógica imperial, los presidentes de repúblicas semicoloniales deben ser obedientes y, sobre todo, vulnerables.
La acusación en Nueva York por el caso $LIBRA no es solamente una causa penal: es un recordatorio brutal del sistema.
Milei puede ser útil hoy por su alineamiento de furia desreguladora, pero si deja de ser funcional, el botón judicial ya está listo. En el siglo XXI, los "mandarines" locales no se disciplinan con tanques, sino con causas federales y congelamiento de activos. Es la versión cripto del garrote.
La justicia estadounidense no actúa con neutralidad: opera como brazo sofisticado del poder económico. Ya no hacen falta invasiones: basta con un fiscal, una corte en Manhattan y una conexión bancaria. Así, el imperio garantiza algo más eficaz que la lealtad: el miedo. El mensaje está claro: podés jugar con fuego ideológico y ser invitado a su mesa pero cualquiera es una pieza de recambio cuando ellos lo deseen. Y el eslabón más delgado es el que paga.
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