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El fiscal Eduardo Taiano investiga una trama de criptomonedas, cajas de seguridad y supuestos pagos indirectos a funcionarios públicos. Entre los nombres, figuran Javier y Karina Milei, amigos del Presidente y empresarios extranjeros con acceso a Casa Rosada y Quinta de Olivos.
Actualidad14/08/2025Visitas incómodas en Olivos y “La Rosada”
En la política, los problemas suelen llegar en cuotas. El caso $LIBRA es distinto: acá las cuotas son transferencias, wallets compartidas, cajas de seguridad y criptomonedas que cambian de forma como camaleones financieros. El fiscal Eduardo Taiano ya blanqueó su hipótesis: detrás de la estafa cripto que lleva el nombre de la moneda virtual lanzada en febrero, podría haber “pagos indirectos a funcionarios públicos” como parte de un engranaje para concretar negocios y blindar beneficios.
El expediente, que crece como una red de nodos digitales, ya no es una causa menor para entendidos en blockchain: tiene en la lista de imputados al propio presidente Javier Milei, su hermana Karina, exfuncionarios de la CNV, amigos de la vida como Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli, y empresarios internacionales como Hayden Mark Davis. Los cascotazos no caen lejos: impactan cerca de la cocina del poder y rebotan en despachos que, hasta hace poco, parecían impermeables.
La cronología que arma la fiscalía no es un thriller financiero para entendidos: es una línea de tiempo con fechas, lugares y movimientos concretos. El 4 de febrero de 2025 —diez días antes del lanzamiento de $LIBRA— se ejecutó una transferencia clave: fondos provenientes de la plataforma Bitget terminaron en una dirección de criptomonedas copropiedad de Novelli y Terrones Godoy.
Antes de que la jueza María Servini pudiera congelar los fondos en Tether (USDT), los investigados convirtieron casi todo a Ethereum, una moneda que no depende de autoridad central y que, por lo tanto, es intocable para una cautelar.
No fue el único movimiento sospechoso. En paralelo, se detectó el uso de cajas de seguridad de la familia Novelli para canalizar activos en efectivo, incluso el mismo día en que las cuentas se llenaban de cripto. Hubo egresos hacia plataformas como OKX, Bitget y Bybit, todas fuera del alcance de la justicia local. El mensaje es claro: si la Justicia viene, la plata ya se fue.
Las visitas a Olivos y Casa Rosada son otro hilo que tensa la trama. Entre enero de 2024 y enero de 2025, Novelli entró al menos diez veces. En tres de esas visitas estaba Davis, el empresario extranjero vinculado a transacciones millonarias en Bitget justo antes de que el esquema estallara en público. Para la fiscalía, esa coincidencia no es casualidad: es contexto. El acceso directo a la residencia presidencial y a la sede de gobierno, en plena gestación de la operatoria, puede convertirse en evidencia política y judicial.
La investigación se mueve en dos planos: el penal local, con el Código en mano y el artículo 23 sobre decomisos como herramienta; y el internacional, donde rastrear fondos en cripto exige cooperación con plataformas y países que no siempre se apuran. Mientras tanto, el reloj corre y los movimientos previos al congelamiento parecen diseñados para ganar tiempo y borrar huellas.
En la rosca de poder, esto tiene más filo que una interna partidaria. Si la hipótesis de Taiano sobre coimas vía cripto avanza, el costo político no se mide solo en encuestas: se mide en capacidad de defensa, en lealtades que se enfrían y en la presión de un frente judicial con ramificaciones fuera del país.
La tormenta todavía está en el horizonte, pero ya se oyen los truenos.
Si el viento cambia, la causa $LIBRA puede convertirse en algo más que un expediente engorroso para abogados: puede ser la primera filtración seria en el blindaje de Milei y su núcleo duro. Y en política, cuando el agua entra por arriba, no hay techo que aguante.
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