El evento reunió a autoridades deportivas municipales de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, autoridades provinciales y representantes de federaciones deportivas, con el objetivo de generar un espacio de articulación, intercambio, fortalecimiento y presentación de nuevas herramientas de gestión para el deporte bonaerense.
Entre los diferentes temas, se abordó el lanzamiento del Consejo Provincial del Deporte (Co.Pro.De.) como ámbito de articulación, participación y construcción entre la Provincia, los municipios y las federaciones deportivas, siendo un elemento destinado a dar operatividad a dichos principios.
Con respecto a los Juegos Bonaerenses, se estableció poner en valor la experiencia territorial como insumo fundamental para la toma de decisiones, con la idea de que la planificación de la edición 2026 no surja únicamente desde el nivel central, sino que incorpore la voz de quienes gestionan, organizan y acompañan el desarrollo de los Juegos en cada municipio.
Luego, el encuentro continuó con la Implementación del Registro de Entidades Deportivas (R.E.D.) de la Provincia de Buenos Aires, herramienta estratégica orientada a relevar, sistematizar y actualizar información sobre clubes y entidades deportivas de todo el territorio provincial.
De esta manera, se contribuirá a ordenar el vínculo entre el Estado y las entidades deportivas, facilitando procesos de acompañamiento, fortalecimiento institucional y priorizar las intervenciones conforme al criterio de los objetivos, donde se busca que el Estado sea más eficiente con las políticas deportivas.
Por otro lado, Ley Micaela también tuvo su tratamiento, destacando que establece la obligatoriedad de la capacitación en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las autoridades y el personal que se desempeñe en las entidades deportivas de la provincia de Buenos Aires, promoviendo la incorporación de la perspectiva de género en el ámbito deportivo.
Por último, se hizo hincapié en la Capacitación Deporte, Turismo y Economía, que garantiza derechos (Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad), genera el impacto económico en destinos y promueve sociedades más inclusivas.
