La iniciativa plantea que el Congreso Nacional estudie herramientas para distribuir recursos específicos destinados a la infraestructura vial rural, teniendo en cuenta el peso que tienen las actividades agropecuarias en la generación de riqueza y recursos tributarios para el Estado.
Entre los fundamentos, se destaca que la provincia posee una de las redes de caminos rurales más extensas del país, esenciales para el transporte de la producción agropecuaria, el acceso a escuelas rurales, centros de salud y la conectividad de las comunidades del interior.
El texto advierte que actualmente gran parte de la responsabilidad por el mantenimiento de estas trazas recae sobre los municipios, que deben afrontar costos crecientes en maquinaria, combustible, obras hidráulicas y tareas de conservación con recursos que, en muchos casos, resultan insuficientes.
Asimismo, el proyecto sostiene que una importante porción de los impuestos generados por la actividad agropecuaria es percibida por el Estado Nacional, mientras que provincias y municipios reciben una participación significativamente menor. En ese sentido, plantea la necesidad de discutir mecanismos que permitan que parte de esos recursos regresen a los territorios productivos mediante inversiones en infraestructura.
“Está agotada la discusión entre los productores agropecuarios y los municipios. Necesitamos un plan federal para abordar esta problemática”, sostuvo la legisladora.
“Lo que proponemos es una discusión seria y federal sobre cómo se distribuyen los recursos que genera el campo y cuánto vuelve a los territorios productivos para sostener una infraestructura esencial como son los caminos rurales”, aseveró Laurini.
La propuesta recuerda antecedentes históricos de financiamiento nacional para caminos rurales, como el Plan de Caminos de Fomento Agrícola creado en 1956, el Fondo Federal Solidario vigente hasta 2018 y distintos programas impulsados por la Dirección Nacional de Vialidad para mejorar la conectividad productiva.
Además, señala que en los últimos años se registraron conflictos, reclamos administrativos y causas judiciales vinculadas al financiamiento de la red vial rural en diversos distritos bonaerenses, entre ellos Bolívar, Azul, Saladillo, Carlos Casares y otros municipios del interior provincial.
Según el proyecto, estas situaciones evidencian que el problema trasciende a las administraciones locales y requiere soluciones estructurales que permitan garantizar previsibilidad, sustentabilidad y transparencia en el financiamiento de los caminos rurales.
La iniciativa no propone la creación de un impuesto específico ni modifica competencias de provincias o municipios, sino que busca instalar una discusión federal sobre cómo fortalecer la infraestructura productiva rural, considerada estratégica para el desarrollo económico, el arraigo de las familias rurales y la competitividad de las economías regionales.
