Ante este escenario, surge un interrogante que gana fuerza en los pasillos gremiales: ¿la intervención judicial se transformaría en la herramienta principal del Ejecutivo frente a cualquier interna sindical?
En este contexto de tensión, la situación en el sindicato del Correo Argentino, AATRAC, cobra especial relevancia. La disputa interna habría escalado tras la presentación de una lista opositora que busca desplazar a la actual conducción nacional, la cual, curiosamente, se mostraría alineada con las políticas de la administración Milei.
La conflictividad en el gremio no sería sólo política, sino que habría derivado en denuncias judiciales concretas. Desde el frente opositor sostienen que la conducción actual estaría incurriendo en maniobras de administración fraudulenta y lavado de activos vinculadas a la gestión de hoteles y bienes del sindicato. Estas operaciones serían presuntamente lideradas por integrantes del consejo directivo en complicidad con su círculo familiar.
Asimismo, la oposición denunció una supuesta adulteración sistemática de los padrones, que contarían con socios fallecidos hace décadas o personas ajenas al objeto social del gremio, lo que, de comprobarse, constituiría un posible delito electoral.
El malestar de los afiliados se habría agudizado por la brecha entre la situación económica de los trabajadores y los números de la empresa. Mientras un administrativo o cartero percibiría un sueldo básico de $850.000, el superávit de la empresa estatal ascendería a 250 millones de dólares. Según la oposición, la actual conducción justificaría esta realidad bajo el argumento de que el sindicato "nada puede hacer", una postura que muchos afiliados interpretan como una renuncia a la defensa de sus derechos laborales.
El interrogante sobre el desenlace de esta historia permanece abierto. ¿Podría la Justicia dictar una intervención en AATRAC, replicando el caso de la U.O.M., o finalmente se garantizaría un proceso electoral transparente donde se respete la voluntad de los trabajadores?
