Las provincias empezaron a descubrir que los préstamos de emergencia otorgados por la Nación no resolvieron su crisis fiscal: apenas compraron tiempo. Cinco meses después del auxilio de hasta $400.000 millones, varias jurisdicciones analizan refinanciar vencimientos porque la recaudación propia cae, el mercado interno no reacciona y las transferencias discrecionales fueron reducidas a niveles mínimos. Chaco fue la primera en formalizar el problema.
La provincia gobernada por Leandro Zdero acordó con el Ministerio de Economía una reestructuración por $476.200 millones dentro del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas. La cuenta reúne $77.100 millones de un crédito anterior, los $400.000 millones recibidos en abril y $12.900 millones de intereses. Nación reconoce a favor de Chaco $13.900 millones vinculados al Consenso Fiscal, por lo que el saldo final queda del lado del Tesoro nacional.
El alivio tiene letra chica. La primera cuota vence el último día hábil de agosto y asciende a $120.000 millones. El resto se pagará en siete cuotas mensuales, con una tasa anual del 15%, descontadas de la coparticipación. Refinancia para evitar el ahogo inmediato, pero compromete ingresos futuros ya deteriorados.
El ajuste nacional bajó a las provincias
El acuerdo suma concesión política. Chaco desistirá del juicio iniciado contra el Estado nacional por el decreto 473 de 2023, que elevó el mínimo no imponible de Ganancias y redujo la recaudación de un impuesto coparticipable. La Nación convierte así la asistencia financiera en herramienta de negociación: presta, refinancia y ordena litigios pendientes. No es caridad federal. Es poder fiscal con calculadora.
Los datos explican el apuro provincial. Según Politikon Chaco, las transferencias automáticas repuntaron 7,5% real en julio gracias a Ganancias, pero el acumulado de los primeros siete meses todavía muestra una caída de 1,3%. Los envíos no automáticos bajaron 62,8% en el primer semestre.
Entre enero y julio, Nación transfirió de manera discrecional a provincias y CABA $738.201 millones. Fue el peor registro para ese período desde al menos 2005. Frente a 2023, la contracción supera el 80% real. El ajuste ya se expresa en hospitales, rutas, salarios públicos, comedores y proveedores.
A eso se suma el deterioro de la recaudación local. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal calculó que los ingresos tributarios propios del conjunto de provincias y CABA cayeron 1,6% real hasta mayo. Catorce de las 24 jurisdicciones quedaron en terreno negativo. Misiones perdió 20,8%, La Rioja 12,3% y Chaco 6,2%. Sólo nueve lograron crecer, encabezadas por Entre Ríos, Neuquén y Río Negro.
El problema central es la economía real. Con menos consumo, comercio y producción, las provincias cobran menos Ingresos Brutos y Sellos. Al mismo tiempo, reciben menos fondos nacionales y deben sostener servicios que no pueden suspender. El resultado es una estructura presupuestaria débil, obligada a endeudarse hoy y entregar coparticipación futura.
Chaco no es una excepción. Es el primer expediente de una crisis que otros gobernadores ya miran de cerca. El Gobierno puede exhibir equilibrio en su caja, pero parte de ese orden se construye trasladando el déficit hacia abajo. Cuando las provincias refinancian los préstamos con los que debían ser rescatadas, el auxilio deja de parecer salvavidas: empieza a parecer ancla.
