Hay números que funcionan como antecedentes y otros que empiezan a parecerse demasiado a una advertencia. El mercado laboral argentino entró en esa segunda categoría. La destrucción del empleo asalariado privado durante el ciclo económico que desembocó en el gobierno de Javier Milei ya alcanzó, en mucho menos tiempo, una dimensión comparable con la crisis que acompañó el final de Mauricio Macri. Y hay un dato incómodo para el relato libertario: pese a la motosierra, todavía existe más empleo público que en mayo de 2018.
Los registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) muestran que en mayo de 2026 había 6.131.500 asalariados privados registrados. En mayo de 2018 eran 6.275.300. Ocho años de crecimiento poblacional después, la economía argentina tiene alrededor de 144.000 empleos privados formales menos.
La comparación con la última crisis macrista resulta más áspera. Según CP Consultora, entre abril de 2018 y noviembre de 2019 se destruyeron 258.100 empleos asalariados privados. Desde el máximo de agosto de 2023 hasta mayo de 2026 desaparecieron unos 276.600. Si se toma exclusivamente la gestión Milei, desde diciembre de 2023 la pérdida alcanza 241.200 puestos asalariados privados.
La caída tampoco se detuvo. El empleo privado acumula doce meses consecutivos en retroceso y solamente en mayo perdió otros 9.100 puestos. Construcción, comercio e industria, tres actividades con capacidad para generar empleo masivo, volvieron a reducir sus planteles.
Menos asalariados, más monotributo y la paradoja estatal
La transformación no consiste solamente en destruir trabajo. También cambia su composición. Mientras el empleo asalariado privado quedó por debajo de 2018, los monotributistas pasaron de aproximadamente 1,6 millones entonces a 2,2 millones en 2026. Son unos 600.000 más.
Una parte del mercado laboral se desplazó desde la relación salarial hacia trabajos por cuenta propia, modalidades individuales y actividades vinculadas con plataformas. El empleo no siempre desaparece de la estadística: a veces cambia de casillero. Pero tener una ocupación y tener un puesto estable con salario, aportes y derechos laborales son cosas diferentes.
La otra paradoja toca el corazón del discurso oficial. En mayo de 2026 había unos 3,38 millones de empleados públicos registrados, frente a 3,16 millones en 2018 y 3,35 millones en 2022. Desde noviembre de 2023 el sector público perdió cerca de 79.900 puestos, pero aun después de ese ajuste continúa por encima de aquellas dos referencias.
Mientras tanto, también se achica la base empresaria. Datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo muestran que durante la gestión libertaria desaparecieron más de 30.000 empleadores, con fuerte impacto sobre comercio e industria manufacturera.
Hay otro indicador que mira hacia adelante y tampoco tranquiliza. La tasa de entrada al empleo privado registrado cayó en junio al 1,6%, según CP Consultora sobre datos de la Encuesta de Indicadores Laborales. Es un registro comparable con períodos críticos como 2002 y 2018-2019. El problema ya no es solamente perder puestos: las empresas casi no incorporan nuevos trabajadores.
El mercado laboral empieza así a parecerse a una habitación con pocas puertas. Quien conserva su empleo procura quedarse; quien lo pierde encuentra menos lugares donde volver a entrar. A la vez, la proporción de despidos sobre las desvinculaciones alcanzó, medida por promedio móvil trimestral, su nivel más alto durante la gestión Milei.
