El caso Fernando Cerimedo empezó como un expediente explosivo en Bolivia y terminó golpeando las puertas de la Casa Rosada. El Gobierno intenta tomar distancia de quien fue una pieza relevante de la maquinaria digital que acompañó el ascenso de Javier Milei, pero cada nueva derivación vuelve más difícil sostener que se trata simplemente de un personaje perteneciente al pasado libertario.
Cerimedo permanece detenido en Bolivia mientras la Justicia investiga el presunto intento de femicidio de Nadia Beller, quien estaba embarazada. La gravedad del expediente sería suficiente para convertir el caso en un problema político. Pero Beller incorporó además acusaciones que extendieron el conflicto hacia terrenos particularmente sensibles para el oficialismo.
La mujer aseguró que Cerimedo le había hablado de dinero proveniente de corrupción en Bolivia que supuestamente era lavado en Argentina y afirmó que mencionaba una facturación mensual de 800.000 dólares. Son declaraciones de la denunciante dentro de un caso en investigación y deberán ser probadas. Pero políticamente encendieron otra alarma por una referencia adicional: la Agencia Nacional de Discapacidad.
El vínculo aparece porque Natalia Basil, esposa de Cerimedo, ocupó un cargo jerárquico en ANDIS durante parte del período alcanzado por investigaciones sobre presuntas irregularidades en el organismo. Eso no prueba ninguna conexión entre ambos expedientes, pero explica por qué una causa iniciada a miles de kilómetros comenzó a provocar movimientos defensivos en Buenos Aires.
Un pasado libertario difícil de borrar
El problema es que Cerimedo no fue un simpatizante perdido entre miles de cuentas de redes sociales. Fundó La Derecha Diario y tuvo participación en la estrategia digital que acompañó la campaña presidencial de Milei en 2023. Además, parte de los cuadros comunicacionales que luego ocuparon espacios relevantes dentro del ecosistema libertario tuvieron vínculos con su estructura.
Por eso el intento de encapsularlo como alguien completamente ajeno al oficialismo encuentra rápidamente un límite: existe una historia política previa que no desaparece porque ahora resulte inconveniente.
La incomodidad quedó expuesta en las propias contradicciones del Gobierno. Milei compartió en redes una publicación que alimentaba la hipótesis de un supuesto montaje alrededor del ataque denunciado por Beller. Lilia Lemoine avanzó todavía más sobre esa interpretación. Pero Diego Santilli tomó otra posición públicamente: consideró que la mujer había sufrido un atentado y sostuvo que los responsables debían terminar presos.
Dos respuestas incompatibles frente al mismo episodio dentro de una administración que, hasta entonces, había intentado mantener el asunto lejos de la agenda oficial.
El sector identificado con Santiago Caputo eligió una estrategia diferente: silencio. La prudencia tiene lógica política. El universo de comunicación digital libertario conserva vasos comunicantes con la estructura que Cerimedo ayudó a construir y cualquier defensa apresurada puede convertirse en una mochila si la investigación judicial continúa avanzando.
Victoria Villarruel, en cambio, encontró una oportunidad para cobrar viejas facturas. La vicepresidenta recuperó antiguos enfrentamientos con Cerimedo y utilizó las redes para remarcar su distancia, profundizando una interna libertaria que ya no necesita demasiada ayuda para hacerse visible.
La cuestión central, sin embargo, excede las peleas personales. La Justicia deberá determinar responsabilidades penales y comprobar o descartar las graves acusaciones formuladas. Para Milei existe otro problema, estrictamente político: Cerimedo pertenece a la genealogía de su llegada al poder.
En política se puede romper una alianza, desplazar un asesor y hasta borrar un teléfono de la agenda. Lo bastante difícil es borrar la historia. Y cuanto más acelera el expediente Cerimedo, más complicado resulta para la Casa Rosada explicar que uno de los hombres que ayudó a construir la maquinaria digital libertaria ahora simplemente pasaba por ahí.
