El ajuste fiscal empieza a encontrar un límite que no figura en las planillas: las empresas necesitan que alguien compre lo que producen. Con el mercado interno debilitado y menos margen para seguir recortando gasto, cámaras empresarias empujan una salida para el relato libertario: combatir la evasión para recaudar más y, con esos recursos, bajar impuestos a quienes ya están dentro del sistema.
Si el Estado necesita sostener el superávit y el recorte acumula costos sociales y productivos, reducir impuestos sin reemplazar ingresos se vuelve difícil. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) calcula que el gasto público consolidado cayó 7 puntos del PBI respecto de 2023. Dos tercios de esa reducción financiaron la eliminación del déficit y un tercio compensó pérdidas de recaudación por cambios tributarios.
Economía esperaba que el crecimiento ampliara las bases tributarias. Con una recuperación menor, Luis Caputo queda entre tres objetivos de compatibilizar: sostener el superávit, bajar impuestos y evitar más ajuste.
La presión empresaria cambia de dirección
Ahí aparece una alianza curiosa. Sectores que reclaman menos presión tributaria empiezan a pedir más fiscalización. La Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires propuso eliminar Ingresos Brutos a la industria y compensar el costo con mayor formalización. Según sus cálculos, habría que generar recursos equivalentes al 14% de la recaudación provincial para financiar la exención.
La Cámara Argentina de Comercio y supermercadistas llevaron a Caputo el reclamo de aumentar controles sobre circuitos informales. Quien factura, registra trabajadores y tributa compite con actores que pueden operar fuera del radar fiscal.
Pero la receta tiene otra cara. Con una informalidad laboral del 33% al 34%, la evasión no vive solamente en grandes maniobras contables. En pequeños comercios y pymes, la informalidad puede ser una respuesta defensiva frente a costos, caída de ventas y falta de crédito. Una cacería fiscal sin distinguir escalas puede terminar apretando al eslabón más débil.
Los números relativizan la idea de que los impuestos explican solos el deterioro industrial. Según IARAF, desde fines de 2023 los costos industriales subieron 30% en términos relativos, mientras los impuestos lo hicieron 3%. Los servicios aumentaron 30% y las remuneraciones 16%; maquinaria y materias primas se abarataron cerca de 25%.
Eso no vuelve inocua la carga tributaria. Ingresos Brutos, tasas municipales y el impuesto al cheque castigan operaciones y se acumulan sobre las cadenas productivas. Pero bajar impuestos tampoco resucita una demanda golpeada.
El Gobierno deberá presentar una reforma tributaria al Congreso por su acuerdo con el FMI. El Fondo impulsa reducir gasto tributario, revisando exenciones y tratamientos especiales. Las cámaras prefieren ampliar la base combatiendo evasión antes que perder beneficios o soportar nuevas cargas.
La paradoja queda servida. El empresariado que acompañó el ajuste empieza a pedirle un límite porque necesita mercado, mientras reclama un Estado más activo para cobrarle al que no paga. Milei prometió retirar al Estado de la economía; ahora parte del sector privado le pide que vuelva, con inspectores y calculadora. El déficit puede desaparecer de una planilla. La necesidad de recaudar, producir y vender nunca desaparece de la economía real.
