La recaudación empezó a mostrar el límite más incómodo del programa económico: cuando la actividad se enfría, también se achica la caja. En agosto, los ingresos tributarios llegaron a $20 billones y retrocedieron 0,2% real interanual. En los primeros ocho meses, según LCG, acumularon $153 billones, con una caída real de 3,7%. La respuesta oficial fue ajustar más: el gasto primario devengado cayó 10,3% real contra agosto de 2025, el recorte más fuerte desde noviembre pasado.
El problema es circular. Para sostener el ancla fiscal y monetaria, el Gobierno restringe el gasto y mantiene una política que empuja las tasas hacia arriba. Eso enfría crédito, consumo e inversión. Una economía más fría recauda menos IVA, menos impuesto al cheque y menos aportes laborales. Y cuando entran menos pesos al Tesoro, la decisión vuelve a ser gastar menos.
Los impuestos lo muestran con crudeza. Ganancias avanzó 8% real y los Derechos de Exportación saltaron 91%, pero el IVA DGI, asociado al mercado interno, cayó 3%. Créditos y Débitos se hundió 9%, luego de perder 11% en julio. Incluso los recursos de la Seguridad Social bajaron 1% real. LCG atribuye ese retroceso principalmente a la pérdida de empleo formal.
La actividad tampoco ofrece un colchón. El Índice Líder de Actividad de Analytica estimó para julio una caída mensual de 1,1%. La producción automotriz retrocedió 13,8%, las ventas a concesionarios 6,8% y el consumo de cemento 6,2%. El acero plano cayó 15% y el laminado en frío, 26,3%. Cuando todos empiezan a toser juntos, difícilmente sea una pausa estadística.
Las provincias, amortiguador fiscal y problema político
Una parte decisiva del ajuste se trasladó hacia las provincias. Aquí conviene distinguir dos cajas que suelen mezclarse. No se trata de que la Nación haya retenido 80% de la coparticipación automática: Analytica calculó una caída real de 86,1% en las transferencias a provincias dentro del gasto primario devengado, mientras Politikon Chaco registró una baja de 66,4% en las transferencias no automáticas efectivamente pagadas. Son recursos distintos de la coparticipación, pero el golpe territorial es severo.
En agosto, Nación giró $68.288 millones en transferencias no automáticas a provincias y CABA. Fue, según Politikon, el peor agosto desde al menos 2005. Dos partidas absorbieron 67% del total: jornada extendida y cajas previsionales. Los ATN no se distribuyeron, aunque el fondo recaudó $107.987 millones durante el mes. Solo La Pampa, Entre Ríos y Neuquén recibieron fondos para cajas previsionales entre las jurisdicciones mencionadas, mientras otras quedaron sin esos desembolsos.
El ajuste territorial tiene una consecuencia económica y otra política. Gobernadores e intendentes deben sostener hospitales, asistencia, salarios, proveedores y obra pública en economías locales donde también cae la actividad. Y después viene el Congreso. Milei necesita a muchos de esos gobernadores, o al menos a sus legisladores, para aprobar leyes. La Nación puede descargar parte del costo sobre las provincias, pero después debe volver a sentarse con ellas a negociar votos.
La tensión hace reaparecer, al menos como hipótesis de emergencia, el viejo fantasma de las cuasimonedas. No puede afirmarse con estos datos que exista una ola provincial de emisiones en marcha. Sí que cuanto más se comprimen los giros nacionales y más difícil resulta financiarse a tasas elevadas, mayor es el incentivo para buscar mecanismos propios de liquidez.
El Gobierno promete perseverar. El ajuste deja de ser una abstracción fiscal y empieza a sentirse en cada territorio. Milei afirmó que no flexibilizará ni la política fiscal ni la monetaria aun frente al calendario electoral y sostuvo que “el resultado fiscal no se negocia”. La definición tiene coherencia interna: si la prioridad absoluta es derrotar la inflación mediante restricción monetaria y disciplina fiscal, ceder frente a la desaceleración implicaría modificar el corazón del programa.
Pero la economía no vota en una planilla Excel. LCG proyecta que la recaudación podría terminar 2026 con una caída real cercana al 5%. Al mismo tiempo, las transferencias no automáticas acumularon hasta agosto un derrumbe real de 63,1%, el peor enero-agosto desde al menos 2005. El Estado nacional preserva caja mientras provincias, empresas y hogares absorben una parte creciente de la contracción.
Ese es el dilema detrás del superávit. El ajuste reduce demanda, la menor demanda debilita actividad y empleo, esa debilidad erosiona la recaudación y la menor recaudación exige, bajo la misma regla fiscal, otra dosis de ajuste. Puede ser consistente como arquitectura contable y, al mismo tiempo, volverse políticamente explosivo. Milei dice que ni las elecciones cambiarán el rumbo. La historia argentina suele cobrar caro ese desafío: cuando la estabilidad llega a las urnas acompañada por recesión, desempleo y provincias exhaustas, el Excel puede cerrar perfecto y la urna abrir una cuenta completamente distinta: derrota electoral.
