Carlos Bianco puso un número sobre la mesa y detrás del número, una pelea de poder. El ministro de Gobierno bonaerense denunció que la administración de Javier Milei mantiene compromisos por $19,1 billones con la Provincia de Buenos Aires. Si se incorpora la caída de recursos nacionales y provinciales que el gobierno de Axel Kicillof atribuye al programa económico, la cuenta asciende a $28,4 billones. Ya no es solamente la discusión habitual entre Nación y Provincia por una transferencia atrasada. Es la caja convertida en campo de batalla.
El gobierno bonaerense dividió su reclamo en tres grandes bloques. El primero reúne $4,65 billones en deudas directas. Allí aparecen $2,8 billones correspondientes a transferencias de ANSES hacia la caja previsional provincial, $1,3 billones derivados del Consenso Fiscal de 2017 y $154 mil millones del Fonid, además de fondos vinculados con salud, nutrición infantil, puertos y asistencia financiera.
El segundo paquete es todavía mayor: $10,1 billones correspondientes a obras públicas comprometidas por Nación. La Provincia contabiliza 180 proyectos nacionales por casi $6 billones y agrega programas de vivienda, infraestructura escolar, penitenciaria, universitaria y convenios con municipios. Sólo Procrear comprende 6.578 viviendas proyectadas en 28 distritos. Casa Propia y Reconstruir suman otras 9.725 viviendas previstas en 52 municipios.
La caja también construye poder
El tercer bloque llega a $4,3 billones y corresponde a programas nacionales discontinuados o demorados. Incluye fondos fiscales, docentes, transporte, medicamentos, asistencia alimentaria y partidas vinculadas con emergencias. El número importa, pero políticamente importa todavía más dónde pega: gobernadores e intendentes terminan enfrentando demandas por servicios y obras cuyo financiamiento originalmente dependía de Nación.
Ahí está el corazón de la jugada de Bianco. Kicillof busca demostrar que Milei obtiene parte de su ajuste trasladando costos hacia abajo. Nación corta una transferencia o una obra, pero la escuela, el hospital, el colectivo y la calle siguen estando en territorio bonaerense. El vecino no protesta frente a una planilla del Ministerio de Economía: protesta ante el intendente o la Provincia.
Bianco acompañó la denuncia fiscal con números de actividad. Según los datos que presentó, la economía cayó 1,1% en julio, la industria retrocedió 5% y acumula una contracción cercana al 10% desde diciembre de 2023. La construcción perdió casi una cuarta parte de su actividad desde entonces y el sector textil cayó 24% durante el primer semestre frente a 2025.
También apuntó al mercado laboral y al consumo. El informe bonaerense contabiliza casi 600 mil empleos registrados menos desde la llegada de Milei y señala al monotributo como la única categoría laboral en crecimiento. Las ventas en supermercados retrocedieron 9% durante el primer semestre y el consumo masivo cayó 4% interanual.
La Casa Rosada puede responder que Buenos Aires exagera la cuenta, mezcla obligaciones de distinta naturaleza o convierte programas eliminados en deuda. Es parte de la discusión que necesariamente vendrá. Pero Kicillof consiguió algo políticamente más útil que una cifra: construyó una factura.
Y esa factura llegará a 2027. Milei necesita mostrar que el ajuste produjo una economía más eficiente. Kicillof necesita demostrar que parte de ese equilibrio se consiguió dejando cuentas, rutas, viviendas y programas del otro lado de la General Paz. En política fiscal también rige una vieja regla del poder: alguien siempre paga. La pelea empieza cuando hay que explicar quién.
