Manuel Adorni tiene esta semana una cita bastante menos amable que las conferencias de prensa que durante años manejó a voluntad. El exjefe de Gabinete debe contestar 20 preguntas formuladas por el fiscal Gerardo Pollicita en la causa que investiga su patrimonio y el de su esposa, Bettina Angeletti. El primer plazo venció el 25 de agosto sin respuestas. La prórroga termina este miércoles y podría pedir otros 15 días, pero esta vez necesitará que el juez Ariel Lijo se los conceda.
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito dejó atrás la etapa de las sospechas generales. Pollicita quiere explicaciones concretas sobre dólares, inmuebles, vehículos, reformas, tarjetas, viajes, préstamos familiares y operaciones con criptoactivos.
El punto de partida es un informe de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones. Los investigadores cruzaron declaraciones juradas, registros inmobiliarios, bancos, plataformas de criptomonedas y movimientos migratorios.
El resultado abrió preguntas difíciles. Desde la llegada de Adorni a la Casa Rosada en diciembre de 2023 hasta su salida en junio de 2026, el matrimonio registró ingresos comprobados por $229,7 millones y gastos por $272,8 millones. La diferencia supera los $43 millones.
Pero el problema mayor aparece en dólares. La fiscalía puso bajo análisis unos US$402.578 relacionados con propiedades, refacciones y mobiliario que, según sostiene Pollicita, no encuentran correspondencia suficiente con los ingresos lícitos comprobados.
Veinte preguntas y una cuenta que debe cerrar
Entre los puntos que deberá responder aparece el origen de los dólares en efectivo declarados como provenientes de "venta de activos", además del capital inicial utilizado para operar con criptomonedas. La Justicia también pregunta por préstamos atribuidos a Silvia Pais y Norma Zuccolo y exige documentación que permita demostrar que el dinero efectivamente existió, fue entregado y tuvo el destino declarado.
Hay más. Pollicita quiere conocer de dónde salió el dinero para comprar una Jeep, adquirir el lote 380 del country Indio Cuá y pagar US$245.000 al contratista Matías Tabar por la remodelación de la vivienda. También investiga muebles abonados en dólares, la compra del inmueble de Miró 550 y las mejoras realizadas allí.
La fiscalía busca además reconstruir cómo se financiaron viajes al exterior, alquileres temporarios, expensas y cuotas escolares. Y pregunta por qué terceros aparecen reiteradamente pagando gastos o participando en adquisiciones vinculadas al matrimonio.
Otra parte sensible pasa por las cuentas. Adorni deberá explicar acreditaciones no salariales recibidas en su cuenta sueldo del Banco Nación, consumos realizados por personas de su entorno mediante tarjetas adicionales y la eventual cancelación de obligaciones con Banco Galicia.
También aparecen veinte comprobantes declarados ante ARCA durante 2024 y 2025 por operaciones superiores a $6 millones. La Justicia quiere saber si existieron realmente, cuándo fueron pagadas y de dónde salió el dinero.
Nada de esto equivale todavía a una condena. Adorni tiene derecho a responder, presentar documentación y demostrar que su evolución patrimonial tiene un origen legítimo. Esa es precisamente la instancia que Pollicita está esperando.
El problema político es otro. Quien construyó buena parte de su capital público preguntando, señalando inconsistencias ajenas y defendiendo la transparencia del nuevo poder ahora tiene veinte preguntas propias esperando respuesta. Puede conseguir algunos días más. Lo que no puede pedirle a la contabilidad es una prórroga: al final, los números tienen esa mala costumbre de querer cerrar.
