Carajo (678 Libertario) pidió muros y napalm para el Conurbano, donde el rechazo a Milei ya roza el 70%

La construcción de un enemigo político no siempre empieza en un despacho oficial. A veces comienza en un estudio de streaming, entre risas, frases lanzadas como provocaciones y una mesa convencida de que todo puede justificarse como humor.

Eso ocurrió en el programa La Trinchera, emitido por el canal oficialista Carajo, donde el abogado Alejandro Sarubbi Benítez describió al Conurbano bonaerense como un territorio sin salvación y desplegó propuestas que incluyeron esterilización, muros, francotiradores y ataques con napalm.

No fue una crítica a una política pública, a un intendente o a un modelo de gestión. Fue una descalificación directa sobre millones de personas definidas por su lugar de residencia, su condición social y hasta su apariencia.

El argumento fue acompañado por una mesa que celebró las ocurrencias como si estuviera comentando una comedia. La escena, sin embargo, reveló algo bastante menos gracioso: la normalización de un lenguaje que convierte a una población entera en un problema a neutralizar.

El episodio no puede leerse como una extravagancia aislada. Carajo funciona como una terminal política y cultural del universo libertario, frecuentada por funcionarios, dirigentes e influencers vinculados al Gobierno. En ese ecosistema, la provocación cumple una función concreta: correr los límites de lo decible, instalar categorías degradantes y convertir la agresión en entretenimiento para una audiencia que ya comparte buena parte del diagnóstico.

Sarubbi Benítez sostuvo que en el Conurbano existiría un problema cultural irreversible y planteó seleccionar quién podría entrar o salir según la llamada "portación de cara". Cuando una discusión política empieza a clasificar personas por sus rasgos, su ropa o el lugar donde viven, la ironía deja de ser una defensa suficiente.

No se está hablando de seguridad ni de planificación urbana. Se está construyendo una frontera moral entre ciudadanos considerados útiles y otros presentados como descartables.

El territorio que quieren convertir en amenaza es también el que puede definir el poder

Ese discurso encuentra una versión más moderada, pero políticamente funcional, en Jorge Macri. El jefe de Gobierno porteño viene repitiendo que no permitirá que "lo peor del Conurbano" se instale en la Ciudad y presenta a la General Paz como una barrera entre el orden porteño y un supuesto territorio de descontrol.

Lo curioso es que Macri conoce bien esa geografía: antes de gobernar la Capital fue intendente de Vicente López, uno de los distritos más importantes del norte del Gran Buenos Aires.

Su relato no llega al extremo grotesco del streaming, pero trabaja sobre la misma asociación: inseguridad, abandono y amenaza quedarían del lado bonaerense, mientras la Ciudad representaría eficiencia, control y normalidad. Así, millones de vecinos dejan de ser trabajadores, estudiantes, comerciantes o profesionales para transformarse en una masa que debe ser vigilada antes de cruzar una avenida.

La realidad diaria desarma esa caricatura.

El Conurbano aporta mano de obra, industria, servicios, logística, universidades, hospitales, consumo y buena parte de la actividad que sostiene a la propia Ciudad de Buenos Aires. Desde allí viajan todos los días médicos, enfermeros, docentes, policías, albañiles, empleados administrativos, comerciantes y trabajadores gastronómicos.

CABA puede mirarse en el espejo y creer que funciona sola. A la mañana siguiente, sin esos trenes, colectivos y autos que cruzan la General Paz, descubriría rápidamente que no.

Por eso el ataque no es inocente. El Conurbano es también el territorio electoral donde el Gobierno encuentra su resistencia más fuerte. Un relevamiento nacional de Alaska y Trespuntozero, realizado sobre 1.290 casos entre el 24 y el 29 de julio, mostró que la desaprobación de la gestión de Javier Milei llega al 64,8% en el país y trepa al 69,5% en el AMBA. Entre las personas de 30 a 49 años, el rechazo alcanza el 75,1%.

Son precisamente los sectores que soportan con mayor intensidad la caída del salario, el endeudamiento, los alquileres, la pérdida de empleo formal y el deterioro del consumo. Allí el programa económico ya no se discute como una teoría, sino como una experiencia cotidiana. El dato político es evidente: el principal conglomerado urbano del país comienza a comportarse como un bastión electoral adverso al oficialismo.

Cuando un territorio deja de acompañar, existen dos posibilidades. Una fuerza política puede revisar sus políticas e intentar recuperar a ese electorado. O puede explicarse la derrota convirtiendo a quienes rechazan el rumbo en una población atrasada, irracional o culturalmente defectuosa.

El segundo camino suele ser más cómodo, porque evita discutir salarios, producción, transporte o seguridad. El problema deja de ser la política económica y pasa a ser la gente que no supo comprenderla.

La oposición todavía no logró capitalizar plenamente ese malestar. El mismo estudio muestra un rechazo extendido al Gobierno, pero también una gran dispersión política.

Milei conserva niveles de confianza superiores a los de cualquier dirigente individual, mientras una porción considerable de los encuestados no encuentra representación clara. El Conurbano está dispuesto a castigar, aunque todavía no decidió a quién premiar.

Esa indefinición explica parte de la ofensiva cultural. El oficialismo sabe que allí se juega una porción decisiva de cualquier elección nacional. Convertir al territorio en una amenaza permite cohesionar al electorado propio, reforzar la identidad porteña y desplazar la discusión desde los resultados económicos hacia una batalla entre civilización y supuesto desorden.

No hace falta imaginar una coordinación formal entre un conductor de streaming y el jefe de Gobierno porteño. Alcanza con observar que ambos discursos se alimentan de una misma matriz. Uno propone muros y napalm entre carcajadas. El otro habla de impedir que lo peor del Conurbano ingrese a la Ciudad. Uno ocupa el extremo obsceno y el otro ofrece la versión institucionalmente presentable.

La libertad de expresión protege incluso las ideas desagradables, pero no obliga a tratarlas como si carecieran de consecuencias. Cuando desde un espacio próximo al poder se fantasea con esterilizar, encerrar o bombardear a millones de argentinos, la discusión deja de pasar únicamente por el mal gusto. Aparece una pregunta política: qué tipo de sociedad necesita degradar a una parte de su propia población para sostener su identidad.

El Conurbano tiene pobreza, inseguridad, deterioro urbano y enormes desigualdades. También tiene industrias, universidades, hospitales, barrios organizados, cooperativas, clubes y millones de trabajadores que producen una parte sustancial de la riqueza nacional. Negar sus problemas sería propaganda. Reducirlo a una geografía humana fallida es otra forma de propaganda, apenas más cruel.

Tal vez la explicación sea menos filosófica de lo que parece. Cuando casi siete de cada diez habitantes de un territorio desaprueban al Gobierno, siempre resulta tentador convertirlos en enemigos antes que preguntarse por qué dejaron de acompañar. La política suele llamar barbarie a todo aquello que todavía no puede convencer.