Federico Sturzenegger seguirá en el Gobierno, pero ya no jugará con la misma libertad. Después de los tropiezos con la desregulación del practicaje y con los capítulos caídos de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, Karina Milei impuso un nuevo criterio: cada iniciativa del ministro deberá pasar antes por la mesa política que conduce la secretaria general. El hombre encargado de desregular quedó, por primera vez, políticamente regulado.
La decisión no implica una ruptura con Javier Milei. Sturzenegger conserva respaldo presidencial y seguirá al frente de su ministerio. Lo que cambia es algo más fino y, en política, bastante más importante: pierde la línea recta entre una idea, el despacho presidencial y su conversión en decreto o proyecto prioritario.
Hasta ahora, el ministro podía avanzar muchas veces con la aprobación directa del Presidente. Esa autonomía funcionó mientras las reformas parecían técnicamente prolijas y políticamente digeribles. El problema apareció cuando la realidad empezó a cobrar peaje. La desregulación del practicaje abrió un conflicto operativo y gremial, mientras que la ofensiva sobre tierras y manejo del fuego chocó con gobernadores, senadores y aliados que no estaban dispuestos a pagar ese costo.
El filtro de Karina
La nueva mecánica será otra. Antes de salir al ruedo, las iniciativas deberán ser analizadas por la mesa política de Karina Milei, donde se medirán impacto, tiempos, votos disponibles, reacción de los gobernadores y conveniencia política. Es decir, exactamente todo aquello que una reforma puede ignorar en un PowerPoint y que después aparece, con bastante menos elegancia, en el Congreso o en la calle.
En ese filtro tendrán peso Karina Milei y el ministro del Interior, Diego Santilli, que viene llevando buena parte de la conversación con los mandatarios provinciales. También integran la mesa Santiago Caputo, Luis Caputo, Patricia Bullrich, Martín Menem, Ignacio Devitt, Fabián Fernández y Eduardo “Lule” Menem.
La lectura que domina en la Casa Rosada es que los últimos fracasos no prueban una rebelión general de los aliados, pero sí marcan un límite. Los gobernadores acompañan hasta donde les conviene, y cada reforma que toca intereses territoriales necesita algo más que pureza doctrinaria. Necesita votos, compensaciones, tiempos y una cuenta política que cierre.
Por eso el cambio de método es más profundo de lo que parece. Sturzenegger no fue desplazado, pero sí encapsulado dentro de una estructura que ahora evaluará si una desregulación puede sobrevivir al sistema político real. La paradoja es casi demasiado perfecta: el ministro que hizo carrera combatiendo regulaciones deberá ahora someter sus reformas a un comisariado político libertario.
No es castigo ideológico. Es administración del daño. Karina Milei entendió que cada derrota legislativa, cada conflicto mal calculado y cada gobernador irritado cuesta más en una etapa donde el oficialismo necesita alianzas para avanzar con su agenda.
Sturzenegger conserva la lapicera. Lo que perdió es la posibilidad de usarla sin que antes alguien mire el mapa, cuente los votos y pregunte quién va a pagar la factura. En política, los errores no se desregulan: se cobran.
